El Ayuntamiento inicia los trámites para vender al Patronato Provincial de Recaudación la oficina que utiliza desde 1999 en Estepona
El Ayuntamiento de Estepona informa de que en el pleno ordinario de la próxima semana se someterá a votación el primer trámite para vender al Patronato Provincial de Recaudación de Málaga la dependencia municipal que viene utilizando desde 1999 en el edificio Puertosol, ubicado en el Puerto Deportivo. El concejal del área de Hacienda, Manuel Aguilar, ha señalado que con esta operación el Consistorio prevé ingresar más de 700.000 euros a las arcas municipales, que reducirán parte de la deuda de más de 300 millones de euros que contrajo el anterior equipo de gobierno con proveedores y administraciones públicas.
Aguilar ha explicado que el local municipal que se va a enajenar fue adquirido por el Ayuntamiento hace más de 15 años con el único objetivo de que el Patronato Provincial de Recaudación contase con una sede en la que los ciudadanos de Estepona pudiesen realizar sus trámites con este organismo. “El sentido común y las circunstancias económicas del Consistorio nos han llevado a decidir desafectar este local para que sea adquirido por el Patronato Provincial, que es la entidad que lo usa desde 1999”, ha señalado el responsable municipal.
El edil ha recordado que el Ayuntamiento de Estepona se hace cargo desde hace más de 15 años de los gastos del inmueble, y que no fue hasta enero de 2013 cuando se decidió que el Patronato Provincial comenzase a abonar un alquiler por la explotación de las citadas instalaciones, que cuentan con una superficie total de 378 metros cuadrados.
Aguilar ha apuntado que con el trámite que ahora se inicia se impone la “coherencia” porque el Patronato Provincial, cuya competencia es la gestión de los tributos, será el propietario de las instalaciones que continuará utilizando en el municipio. Además el órgano, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, tiene intención de adquirir este inmueble para poder realizar obras que permitan adecuar y adaptar las instalaciones para mejorar la atención a los ciudadanos.
Asimismo, la venta de la oficina supone el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de uno de los requisitos exigidos por el Gobierno Central para aprobar el plan de proveedores, que permitió el pago de 66 millones de euros a proveedores que mantenían deudas contraídas desde hacía años por el anterior equipo de gobierno.